Un camino se ha cortado en un lugar cualquiera de nuestra geografía. No un camino cualquiera, estaba señalizado por una mancomunidad de municipios. Llevaba marcas de la comunidad autónoma, el beneplácito del ayuntamiento y la correspondiente homologación de la federación deportiva competente. Además, fue presentado a bombo y platillo con un gasto muy importante, con su página web, su topoguía, y su número completo de Grandes Espacios.
Sin embargo, dos años después ese camino está cerrado y los senderistas que tienen el número de Grandes Espacios, o miran la web –ya algo abandonada- de la mancomunidad, o las numerosas referencias en Internet, e intentan hacer ese sendero se encuentran una enorme cancela y, si son capaces de sortearla, unos guardas que les dicen que se vuelvan por donde han venido, porque ese camino es privado. La sorpresa e indignación de los caminantes es enorme, y posiblemente se arrepientan de haber comenzado ese sendero de Gran Recorrido que les ha generado tanta incertidumbre.
¿Cómo pudo ocurrir? ¿Se señalizó un sendero por un camino privado? ¿La Federación deportiva se saltó los protocolos y no preguntó si el camino era público?
La respuesta es clara: la desidia de las administraciones a tener debidamente registrados sus caminos es la culpable de esta situación.
Por esa zona pasa una vía pecuaria, recogida en una clasificación al menos desde los años 60. Sin embargo, ¿por donde discurre exactamente esa vía pecuaria? Dado que la administración autonómica no ha deslindado esa vereda, la respuesta es: no lo sabemos. Así que esa vía pecuaria resulta ser una especie de fantasma, que existe, pero solo como una idea, no tiene un cuerpo terrenal. De esa manera, se realiza una carretera que corta la vereda, y se pone un paso subterráneo para que pase la vereda…, en algún lugar por donde no se sabe si pasa. Y claro, por una vía pecuaria fantasma no puede señalizarse un sendero.
Por esa zona, dice el catastro que pasa un camino público. También aparece dicho camino en numerosos planos desde el siglo XIX hasta la actualidad, y mucha gente del lugar recuerda que siempre se ha recorrido dicho camino sin problemas. Sin embargo, el ayuntamiento no tiene inventario de caminos, por lo que lo único que hacen son informes, de dos departamentos, donde uno dice que hay indicios de que puede haber un camino público, y otro dice que no figura ningún camino público por ahí.
El sendero se señalizó y a los dos años se cortó, y así sigue. La administración autonómica no se da por enterada, y sigue sin saber si por ahí va o no la vía pecuaria. El ayuntamiento, dos años después del cierre, decidió en pleno que va a abrir un expediente de investigación para ver si el camino es municipal o no. Un año después, aún no se ha abierto dicho expediente.
Ese es un caso real, de un sendero señalizado como Gran Recorrido. ¿Qué no podrá ocurrir con miles de caminos que son menos conocidos y usados, y que un buen día aparecen cortados sin que nadie sepa qué se puede hacer para evitarlo?
Las administraciones tienen el deber de hacer lo necesario para que no ocurra esto. Los ayuntamientos deben tener debidamente catalogados sus caminos, e incluso inscritos en el Registro de la Propiedad, para que nadie pueda discutir que el terreno por donde durante cientos de años se ha pisado es público.
Las comunidades autónomas, como titulares de las vías pecuarias, las deben tener debidamente clasificadas deslindadas y sin intrusiones, como así procuró el Honrado Concejo de la Mesta durante siglos.
Y, porqué no, la administración del Estado también debería ofrecer un marco legal para que fuera más fácil conseguir una seguridad jurídica para los caminantes, y que la usurpación de los caminos no resultara tan fácil e impune.
Los usuarios también podemos hacer cosas para defender los caminos: compartir qué podemos hacer es la finalidad de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. Los interesados pueden saber más sobre ella en la web www.picp.es.
